Se trata de la demanda más importante que se ha formulado contra la polémica multinacional Chiquita Brands, condenada en 2007 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos a pagar una multa de 25 millones de dólares, tras admitir pagos a grupos paramilitares en Colombia entre 1997 y 2002 por un monto total cercano a 1.7 millones de dólares.
En virtud de ello, ahora, 251 víctimas de los paramilitares en Antioquia pretenden una indemnización de la compañía por 1.000 millones de dólares. La demanda fue radicada el pasado 14 de abril en el tribunal federal de West Palm Beach, en la Florida.
Los demandantes en su mayoría son sobrevivientes de la violencia del Urabá antioqueño, que sufrieron el crimen de familiares cercanos o conservan en su cuerpo lesiones traumáticas causadas por las AUC.
“Desde hace más de dos años venimos documentando los casos de cada una de estas víctimas. La demanda se formuló a nombre de 251 personas afectadas, pero tenemos mil poderes más que serán adicionados al recurso, como lo permite la ley estadounidense”, afirma Alí Abel Torrado, presidente de la firma de abogados apoderada de las víctimas. Una vez se incorporen esos otros demandantes a la querella, la pretensión podría elevarse a 5.000 millones de dólares, una cifra elevadísima aún para una multinacional como Chiquita Brands.
La representación de estas víctimas en Estados Unidos la ejerce Boies, Schiller & Flexner LLP, una de los bufets más prestigiosos liderado por el abogado Lee Wolosky quien aseguró en un comunicado que "Chiquita ya ha admitido haber tenido conductas delictivas que violaban la ley federal haciendo pagos financieros sistemáticos a una organización terrorista extranjera. Aun así, se ha negado a dar compensación a las víctimas de atrocidades terroristas posibilitadas por su apoyo financiero regular, repetido y consciente".
Pero mientras que para las víctimas y sus representantes la demanda es un recurso para buscar resarcir económicamente el daño sufrido, para Chiquita Brands es una oportunidad de demostrar que nunca financió a grupos al margen de la ley sino que, por el contrario, fue una víctima más de estos.
Julio Andrés Sampedro, vocero oficial de Chiquita Brands en Colombia, asegura que la compañía nunca ha aceptado ante ninguna autoridad haber financiado a grupos armados ilegales y que la sanción impuesta a Chiquita se dio como consecuencia de una ley antiterrorista que promulgó la justicia norteamericana en el marco de los atentados del 11 de septiembre de 2001. A partir de esa reglamentación Estados Unidos clasificó a grupos armados como las Farc y los paramilitares como terroristas y señaló sanciones para las personas y empresas que prestaran algún tipo de colaboración a estos. “Chiquita le informó a las autoridades de Estados Unidos que de tiempo atrás era extorsionada sistemáticamente por los paramilitares en Urabá. Al final de ese proceso se estableció una multa, no por financiar a esos grupos paras sino por no haber informado antes de la situación. Es muy distinto”, afirma Sampedro.
La multinacional, según su vocero, está dispuesta a enfrentar la demanda para demostrar que Chiquita nunca auspició la violencia en Colombia.
En Colombia la Fiscalía adelanta un proceso penal que vincula a tres directivos extranjeros de Chiquita Brands quienes presuntamente son responsables de concertarse con los paramilitares y financiarlos. Se trata de John Olivo, Dorn Robert Wenniger y Chales Dennis Keiser. Los tres ya rindieron indagatoria ante un fiscal especializado que viajó a Estados Unidos para escuchar sus versiones en febrero pasado.
Será la justicia la que determine si la multinacional bananera debe resarcir económicamente a las víctimas en Colombia. Por el momento el tribunal de la Florida tiene un voluminoso expediente que promete engrosarse en las próximas semanas.
Tomado de la Revista semana: http://www.semana.com/noticias-justicia/chiquita-estrado/138171.aspx
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